El decreto, publicado en el Boletín Oficial, es el resultado de una colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, y fue creado con el objetivo de gestionar y contener la población de fauna silvestre de forma equilibrada. Los cazadores, propietarios y contratistas estarán autorizados por las Regiones a intervenir para matar especies consideradas peligrosas en determinadas épocas del año, contribuyendo así a mantener el equilibrio de los ecosistemas.
Uno de los aspectos más importantes del decreto es la delegación a las Comunidades Autónomas y Provincias autónomas para decidir qué especies se cortan y en qué épocas del año, lo que permite un enfoque personalizado adaptado a las necesidades locales específicas. Esto le permite adoptar estrategias específicas para mitigar los daños causados por algunas especies a la flora y fauna autóctona e proteger los cultivos agrícolas de las intrusiones de vida silvestre.
Particularmente, el jabalí ha sido identificado como uno de los principales enemigos de la tranquilidad de los núcleos habitados y de la seguridad de las personas, provocando en muchas ocasiones accidentes de tráfico. Por ello, es fundamental tomar medidas para reducir su presencia y prevenir situaciones de peligro.
Los datos tratados por el Instituto Superior de Protección e Investigaciones Ambientales (ISPRA) indican una mejora en el estado de conservación del lobo, lo que abre la posibilidad de superar la prohibición total de excepciones a su eliminación contenida en el plan de acción de 2002. Esto significa que las intervenciones de caza pueden ser más controladas y dirigidas a preservar el equilibrio entre la vida silvestre y ecosistemas.
En lo que respecta a los agricultores, el decreto ofrece una importante protección contra la intrusión y los daños causados por la fauna a los cultivos. El aumento de muestras de fauna y la intervención sobre hembras y ejemplares jóvenes puede ayudar a limitar la proliferación de algunas especies y reducir los daños a los cultivos.
Cabe destacar que el decreto no solo va dirigido a los cazadores privados, sino también a los operadores públicos, veterinarios, empresas especializadas y propietarios de terrenos, tras asistir a un curso de formación gestionado por ISPRA. Esto asegura que las operaciones de caza se lleven a cabo de manera responsable y con atención al ecosistema circundante.
En cuanto a las críticas sobre la seguridad alimentaria y la presencia de plomo en la carne de caza que se vende en los supermercados, el decreto hace sugerencias para el uso de balas no tóxicas, lo que demuestra un enfoque cuidadoso y consciente en la gestión de la caza y la seguridad alimentaria.
IEn resumen, el decreto "Libera Caccia" se presenta como una disposición útil y razonada para la gestión responsable de la vida silvestre en Italia.. La delegación a las Regiones permite personalizar las estrategias de intervención, salvaguardando la biodiversidad y los ecosistemas locales, al mismo tiempo que protege los intereses de los agricultores. La caza, cuando se gestiona de manera sostenible y responsable, puede ayudar a garantizar un equilibrio entre la vida silvestre y el entorno circundante.
Si bien las críticas de los activistas por los derechos de los animales deben ser escuchadas y consideradas, es fundamental recordar que la coexistencia entre humanos y vida silvestre requiere un enfoque equilibrado que tenga en cuenta las necesidades de ambas partes.