La Corte constitucional ha decidido fallar el ley sobre el desorden de la caza aprobado hace año y medio por Región de Veneto. El texto, que recibió luz verde en enero de 2017, fue declarado ilegítimo tras un recurso del Gobierno por presunta invasión de la jurisdicción estatal. En definitiva, hubo un recurso de apelación por el asunto sobre el que el Estado tiene potestad exclusiva.
La ley generó mucha discusión ya que la perturbación de la actividad cinegética fue castigada como acoso, por lo tanto desde un punto de vista criminal. Las sanciones previstas oscilan entre un mínimo de 600 y un máximo de 3600 euros. El Consejo rechazó la ley regional también por los términos del texto, considerado demasiado general y falto de determinación: también se juzgaron las sanciones administrativas desproporcionado y superior a otros ya previstos por las leyes venecianas.
Para los jueces es necesario tener en cuenta el ámbito de las personas ofendidas y el aspecto psicológico. El hecho de que la caza esté garantizada e protegerlo de interferencias externas significa que estamos hablando de orden público y seguridad, un asunto que es responsabilidad del Estado y no de las autoridades locales. Ahora se esperan las prontas respuestas del mundo de la caza.