El Consejero de Agricultura de la Región de Calabria, Michele Trematerra, responde al aumento de la tasa de caza, afirmando que el ajuste es debido por ley.
En una nota de la región de Calabria leemos la respuesta del comisario Michele Trematerra a las invectivas del concejal Mauro Tripodi sobre el aumento de la tasa regional de caza y afirma que "se trata de actos administrativos de derecho".
El comisionado Trematerra explica sobre la cuestión, "De hecho, en el artículo 23 de la Ley 157/92 (Derechos de concesión regional), párrafo 2, se establece que el impuesto a que se refiere el párrafo 1 está sujeto a renovación anual y puede fijarse en medida no menos del 50% y no más del 100% del impuesto sobre la renta a que se refiere el número 26, sub-número I, de la tarifa anexa al decreto del Presidente de la República de 26 de octubre de 1972, núm. 641, y subsiguientes enmiendas ".
Además, prosigue el comisario, “la Ley nº 31 de 2005 de marzo de 43 en el art. 9, anexo 2-ter "Cambios en los impuestos sobre las concesiones gubernamentales" enumera los montos actualizados de los impuestos sobre las concesiones gubernamentales y establece el impuesto nacional para la emisión y renovación anual de la licencia de caza para el puerto de fusileros en virtud del Título II "Seguridad pública" y calificación por cazar por 168,00 € ".
Continuando continúa Trematerra explica, "La Ley Regional de 23 de diciembre de 2001 n. 47 en el artículo 14 párrafo 2 establece que a partir del año 2012 los montos del impuesto sobre concesiones regionales, como se indica en la tarifa adjunta al decreto legislativo 22 de junio de 1991 n .230, aumentado en un 20%. Por tanto, el impuesto autonómico se ha actualizado a 100,80 € determinado de la siguiente manera: 84,00 € como consecuencia del art. 9 de la ley 43/2005 (solo el 50% del impuesto estatal); 16,80 euros por efecto del art. 14 de la Ley Autonómica 47/2011 ".
En conclusión, Trematerra subraya: “Entonces, el aumento es el resultado de las disposiciones legales aplicadas al mínimo permitido. La no solicitud supondría un perjuicio para el Tesoro que podría ser sancionado por el Tribunal de Cuentas ".