El hombre luego se dirigió a los jueces del TAR, quejándose de la tergiversación de los hechos y la manifiesta injusticia. Se han definido las valoraciones de la Prefectura apresurado y superficial, por tanto insuficiente para la confirmación de la verdad. Se acogió el recurso de apelación y se condenó al Ministerio del Interior a pagar una indemnización por los daños sufridos por esta persona, que entre tanto había sido reclutada como guardia privada jurada.
El dicasterio tendrá que pagar casi 52mila euros, además del interés legal que debe calcularse desde la fecha de presentación de la sentencia hasta el pago efectivo. Las tasas judiciales y las competencias deberán ser igualmente pagado por la administración. El precedente es indudablemente importante y no puede ser ignorado en la evaluación de hechos similares.
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