La expedición de una licencia de armas, entonces, representa una excepción caracterizada por precauciones muy particulares. En este caso el hombre fue condenado en 1991 por cargos de posesión y posesión de un arma ilegal. Además, entre sus antecedentes figura una denuncia de 1994 por lesiones personales y delitos contra la familia.
Los jueces del TAR confirmaron que se trata de delitos obstructivos para los que no es necesario evaluar la peligrosidad de la persona: la rehabilitación posterior ha eliminado algunos efectos de la sentencia misma, pero para la Corte no basta con hacer desaparecer el impedimento. Por todas estas razones la pregunta del cazador no fue aceptado. Sentencias de este tipo no son raras; futuros recursos no pueden dejar de tener en cuenta un precedente de este tipo.
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