La agricultura italiana se prepara para afrontar un desafío sin precedentes debido a la próxima entrada en vigor del reglamento europeo sobre escorrentías ecológicas, prevista para 2025. Según declaró la sección piamontesa de la Anbi (Asociación Nacional de Recuperación del Riego), la aplicación de esta legislación podría conducir a una reducción drástica de la cantidad de agua disponible para riego agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
La normativa europea sobre escorrentía ecológica pretende mejorar la calidad del agua de los ríos mediante una mayor dilución de los contaminantes. Esto significa que las autoridades de cuenca tendrán que determinar el volumen máximo de agua que se puede extraer de los ríos, sin posibilidad de excepciones incluso en períodos de sequía extrema como los vividos en 2022.
Mario Fossati, presidente del consorcio Est Sesia y director de Anbi Piemonte, subrayó la urgencia de afrontar este desafío de forma proactiva, destacando la importancia de invertir en infraestructuras hídricas para mejorar el rendimiento de las depuradoras y reducir la cantidad de agua necesaria para el proceso de dilución de los contaminantes. . Además, Fossati propuso adoptar un enfoque más flexible, basado en el análisis específico de los cursos de agua, en lugar de fórmulas estadísticas tradicionales.
La situación es particularmente crítica para las regiones del Piamonte, donde el riesgo de una disminución del 90% en la producción de arroz podría tener graves consecuencias económicas y sociales. Pero no sólo la agricultura está amenazada: los sectores frutícola y turístico también podrían sufrir graves daños debido a la reducción de los recursos hídricos disponibles.
Francesco Vincenzi, presidente nacional de la Anbi, subrayó la importancia de adoptar medidas que tengan en cuenta las especificidades hidrológicas de cada región, evitando enfoques uniformes que podrían penalizar las zonas con menores caudales fluviales.
La agricultura italiana se enfrenta a un desafío sin precedentes, que requiere una acción inmediata por parte de las autoridades competentes y de los operadores del sector. Sólo a través de un enfoque colaborativo e innovador será posible garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del país en un futuro cada vez más incierto desde el punto de vista climático.