Caccia: Tras la sentencia del pasado mes de julio, Italia tropieza con una nueva sanción impuesta por el Tribunal de Luxemburgo: las excepciones ilegítimas de la Región de Véneto costarán millones de euros.
Italia se equivoca y tendrá que pagar las sanciones. Esto es lo que parece gritar la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en respuesta a la fuerte presión de una franja del centro-derecha que pedía una nueva desregulación de la caza en Italia. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo es inconcebible: la región del Véneto, con sus excepciones sistemáticas, no hace más que violar las directivas comunitarias.
El procedimiento activado se refiere al ya lejano 2005 pero parece que las cosas no han cambiado tanto en los últimos cinco años. Sobre todo, el hecho de que las especies para las que se ha autorizado la caza han sido identificadas de forma totalmente general y sin límite de tiempo, pero sobre todo parece que las cuentas no vuelven. Para el Véneto, el instituto nacional para la vida silvestre había establecido el sacrificio de un número máximo de 135 especímenes de zarza, que se ha superado ampliamente. La cuestión de las fases para el pinzón no difiere: a un máximo impuesto de 410 mil ejemplares se paga un desplazamiento del límite máximo de más de 6 millones.
Las excepciones son obviamente factibles, pero según Massimo Vitturi, de Lav, la liga anti-vivisección, la región de Veneto ha estado en un régimen excepcional constante de derogación, desde 2004, sin una necesidad real. Ninguna invasión de los aeropuertos por aves y ningún daño a la agricultura que ha justificado este perenne estado de excepcionalidad.
Y así, Italia todavía tropieza con una condena del Tribunal Europeo de Luxemburgo. De hecho, ya en julio de este año, la derogación implementada por la región de Lombardía que permitía la caza de 4 especies protegidas, zarza, pinzón, bisbita y frosone, fue considerada ilegítima.
¿El resultado? Millones de euros que tendrá que pagar Veneto a la Unión Europea, la solicitud de las asociaciones medioambientales de una regulación más precisa que detenga las excepciones, las inaplicaciones y las infracciones, y la pregunta de Gabriele Sola, consejera regional de Idv: "No se pudo esos millones de euros se han utilizado de forma más rentable? "