Según los jueces administrativos del TAR, la jurisprudencia ha aclarado en otras ocasiones que el Presupuesto del peligro de daño grave e inminente a la seguridad pública. No ocurre cuando para afrontar la temida situación que la administración pública ya ha dotado con sus propios medios que, por su idoneidad para evitar el daño temido, hacen que las futuras intervenciones del sector privado ya no sean urgentes y aplazables. En el presente caso, además de no haberse completado una investigación adecuada, tampoco se indicó el plazo final de vigencia de la disposición.
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