Il Tribunal Administrativo Regional de Toscana rechazó y rechazó la solicitud de suspensión cautelar de la resolución con la que el Gobierno cerró prematuramente la caza de zorzal común, cesena y becada. Las diversas asociaciones de caza reunidas en Confederación de Cazadores de la Toscana había presentado esta solicitud contra la nueva fecha fijada por el Consejo de Ministros para finalizar la temporada (20 de enero de 2016 en lugar de 31). La Región de Toscana también se había adherido a la posible suspensión cautelar, pero la resolución ahora ha entrado definitivamente en vigencia y en estos últimos días del primer mes del año no se permitirá la retirada. Sin embargo, el CCT confirmó su opinión: Se consideran inconsistentes los motivos que motivaron el acto del Gobierno (considerado un abuso de poder indecible) y se estigmatizó también la forma en que se manejó todo el asunto, particularmente desde el punto de vista formal.
Como recuerda la asociación, en este punto el TAR deberá establecer la Sala del Consejo para el examen colegiado, con la consecuente decisión de las audiencias de fondo. ¿Qué llevó a los jueces administrativos toscanos a rechazar la suspensión solicitada por los cazadores? Las asociaciones reunidas en el CCT habían destacado, en particular, cómo los datos y resultados científicos para la programación de la caza no pueden limitarse a las fronteras de los territorios nacionales, pero extendido a contextos internacionales homogéneos cuando se trata de especies migratorias.
Además, se destacó la incongruencia de los calendarios de caza de los departamentos franceses de Haute Corse y Corse du Sud, en los que la fecha límite es el 20 de febrero, una diferencia inexplicable entre Toscana y Córcega, ya que la región italiana y la isla francesa son similares en lo que a preocupaciones se refiere rutas migratorias, áreas de invernada y características geográficas y climáticas. Otro motivo de la apelación fue el exceso de poder debido al uso indebido. Entre otras cosas, el avance del cierre causaría un daño grave e irreparable a las asociaciones que han recurrido al TAR y a los miles de cazadores toscanos que están representados por ellos.
El documento presentado en este caso se basó en la imposibilidad de la categoría de ejercer un derecho legítimo (el de la caza obviamente) por lo que han pagado impuestos gubernamentales y regionales basado en el calendario de la Región. Lo mismo ocurre con el sector de la caza en su conjunto y las industrias relacionadas. De hecho, la eliminación de dos fines de semana (23-24 de enero y 30-31 de enero) está a punto de resultar en uno reducción del flujo de caza de turistas y del receptivo y turístico, apoyado por la masa de cazadores.
Me gustaría recordarles a todos los cazadores cuando vayan a votar que tengan cuidado por quién votan, recuerden quién nos ha denigrado.