Desde viajes a Rumanía hasta publicidad y patrocinios, desde gastos de restaurante hasta reembolsos de kilometraje hasta "Regalos para fiestas y bodas". El ex presidente deCoto territorial de caza Perugia 1 y los tres miembros del consejo de cuentas fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a indemnizar a la ATC casi 38 mil euros. Según el magistrado contable, se trata de una serie de gastos “no sustentados con la documentación adecuada”. Quartilio Ciofini, expresidente de la ATC, deberá retribuir al organismo 26.486 euros mientras que los tres auditores casi 3.800 euros cada uno.
Las investigaciones Según las investigaciones realizadas por la policía financiera, los hechos se refieren al período 2008-2013 y se refieren a 13 euros en reembolsos de kilómetro para guardias voluntarios, 3.334 euros en restauración y alimentación, cerca de 6.700 para publicidad y patrocinios, más de 8.300 por otros reembolsos a empleados y colaboradores, casi 15 por otros gastos relacionados con la restauración y 6.762 euros por reembolsos al presidente. Una historia presentada en un tribunal penal (la Fiscalía de Perugia había abierto un expediente asumiendo un "beneficio desleal" de 744 mil euros) y luego llevó al proceso contable; en la sentencia la Corte reafirma la existencia de jurisdicción propia porque, a pesar de que los financiamientos que goza la ATC son de carácter mixto (público y privado), los gastos se refieren la actividad y funcionamiento del Área y la consecución de sus objetivos vinculados a tareas de carácter público.
Gastos no justificados el Tribunal habla de «procedimientos de gasto totalmente irregulares, por no estar respaldados por documentación acreditativa idónea”. En cuanto a las cifras pagadas a los guardias voluntarios (25 euros diarios), el poder judicial explica que se trata de "liquidaciones concertadas con criterio completamente arbitrario», y «el reembolso de kilometraje pagado al propio presidente resultó completamente carente de justificación». Lo mismo se aplica a los gastos relacionados con la comida, el catering, la publicidad y los patrocinios.
Defensas Ciofini, defendida por los abogados Nicola Di Mario y Michele Nannarone, argumentó que ahora se prescribe el derecho a la indemnización así como la ausencia de conducta penalmente relevante y la falta de legitimación activa del fiscal contable. Aunado a esto, los abogados explicaron que los criterios de reembolso a los guardias siempre se consideraron adecuados y que casi la totalidad de los gastos estaban relacionados con fines institucionales. Conceptos similares a los expresados por las defensas de los tres miembros del colegio de auditores, al que el Tribunal ha criticado una "omisión casi general" en lo que respecta al control de costas.