“La legislación autonómica -explica Remaschi- prevé un procedimiento preciso en situaciones de este tipo: es el alcalde quien, ante la presencia de ungulados, puede constituir un peligro potencial para la seguridad ciudadana y seguridad vial, solicita a la Región que active intervenciones de control, indicando el área problemática. En ese momento la estructura regional competente autoriza a la policía provincial a implementar las intervenciones solicitadas por el alcalde ”.
"En Gallicano esto no sucedió porque la Región no recibió ninguna indicación. Lamentablemente, los casos de presencia de ungulados en centros habitados son cada vez menos esporádicos: por eso hemos brindado esta posibilidad de intervenir rápidamente para abordar el problema y solucionarlo. con captura, y no con estas acciones tanto inaceptables como ilegales "(Lucca en Directo).
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