El proyecto de decreto legislativo de aplicación de la directiva 2017/853 / CE, que modifica la directiva 91/477 / CEE relativa a control de la adquisición y posesión de armas, ha sido aprobado por el Gobierno en los últimos días y ha sido enviado para el dictamen habitual a las Cámaras, que están a punto de discutirlo. Los representantes del sector (ANPAM, ANPP, Arcicaccia, Assoarmieri, Comité D - 477, CONARMI, FENAVERI, FIDASC, FITAV, FITDS) esperan que en el proceso consultivo se destaquen y se eliminen las criticidades de un texto que, si se emitiera sin modificaciones, pondría a los operadores y usuarios en serias dificultades.
En particular, creemos que Los ciudadanos y empresas italianos no deben ser discriminados mediante la imposición de normas más restrictivas que las contenidas en la directiva e implementadas en otros países de la Unión o innecesariamente complicadas, por ejemplo con referencia a la definición de munición, el límite de disparos de cargadores, la compra de armas mediante contrato a distancia, las limitaciones en la cantidad de cartuchos comprados, los calibres que se pueden sostener, la posesión de armas deportivas.
La información planificada para los miembros de la familia que conviven obtener una licencia de armas de fuego o la compra de un arma, la excesiva discrecionalidad otorgada a los órganos del PS en cuanto a las medidas de custodia y una mayor claridad sobre la expedición de los certificados sanitarios necesarios, son aspectos del decreto que se seguirán de cerca. Además, la implementación de las normas de la Unión Europea debe llevarse a cabo con la idoneidad y el sentido común, por ejemplo, siempre que armas cuya posesión está reservada a los tiradores deportivos pueden ser recolectadas, estableciendo una correcta regulación de las armas contenidas en la colección, y haciendo simplificaciones que no reduzcan el nivel de seguridad pero que resulten en menores obligaciones y costos para Administraciones, ciudadanos y empresas.
Estamos seguros de que las peticiones de los usuarios y de los operadores económicos y deportivos serán correctamente atendidas por los órganos parlamentarios, que no fallarán en su papel de garantía para los ciudadanos.