Propietario de 3 supermercados se queda sin licencia de armas de fuego por no pagar impuestos y por infracciones higiénicas en uno de sus negocios. Esta es la historia que viene de Orta di Atella donde un hombre, dueño de un supermercado en la ciudad de Atellana pero también en Sant'Arpino y Santa Maria a Vico, se encontró sin permiso de armas después la decisión de la Prefectura de Caserta rechazar su solicitud de renovación a pesar de que el hombre debía retirar el efectivo recaudado en las distintas oficinas operativas, para mantenerlos al día con el material depositado en las entidades de crédito.
El comerciante había dicho que el arma era necesaria para la defensa personal pero la Prefectura resaltó que “el solicitante tiene algunos antecedentes penales (dos condenas penales relativas al impago de las cotizaciones a la seguridad social y la violación de las normas de higiene dentro de un establecimiento comercial)”. Incluso el tribunal administrativo regional de Campania estuvo de acuerdo con la Prefectura porque "la licencia para portar una pistola para defensa personal es excepcional, constituyendo el principio general del sistema legal queprotección personal sólo puede permitirse en casos de extrema necesidad, si se excluye cualquier otro medio”.
Porque según el juez, “la protección de la seguridad ciudadana está delegada en agencias de aplicación de la ley, y a estos efectos no basta la buena conducta del solicitante o la ausencia por parte del mismo de convicciones o conductas que afecten su fiabilidad, sino suponiendo la existencia demostrada y actual de una necesidad excepcional de autodefensa.
Esta prueba pesa pues sobre el particular que solicita la licencia de armas de fuego, quien cada vez que solicita la renovación debe acreditar la pertinencia de la necesidades de defensa personal, la mera pertenencia a una categoría profesional o el ejercicio de una determinada actividad económica o la presencia de cantidades significativas de dinero". Con una larga sentencia, la presidenta Maria Abbruzzese rechaza por tanto la solicitud y condena a la recurrente también a pagar 1500 euros a favor de la Prefectura de Caserta, que ha comparecido ante el tribunal (Caserta Noticias).